FIAF · Legislación & IA · 2026
Una propuesta ciudadana con dos patas: que el pueblo tenga sus propias herramientas de inteligencia artificial, abiertas y auditables — y una ley que le ponga un límite claro a cualquier gobierno que quiera usar IA propietaria extranjera para vigilar, perfilar o sancionar ciudadanos.
Diagnóstico previo
Argentina está en un punto bisagra. No se trata de estar a favor o en contra de la inteligencia artificial — se trata de quién la controla, con qué reglas y bajo qué auditoría. El riesgo no depende de qué gobierno esté hoy en el poder: es estructural. Cualquier Ejecutivo, de cualquier signo político, que acceda a IA de caja negra, propietaria y extranjera para vigilar, predecir y sancionar conductas, deja de rendir cuentas a nadie.
Bajo el gobierno actual —encabezado por un presidente que en su momento se disfrazó del Cosplayer de la Motosierra para vender un ajuste como espectáculo— se viene discutiendo la incorporación de software de vigilancia masiva y cruce de datos provisto por gigantes tecnológicos extranjeros, al estilo de la consultora ficticia "Sarumán Corp": una torre de vigilancia que promete orden a cambio de entregarle a un poder concentrado el control total sobre los datos de cada ciudadano.
La respuesta opuesta tampoco alcanza: quedarse esperando que la institucionalidad existente, por sí sola, contenga el avance de la IA estatal sin reglas nuevas. La democracia argentina ya tiene baja calidad institucional — lo que en FIAF llamamos pseudodemocracia — y un Estado que no se moderniza con herramientas propias queda en desventaja frente a quien sí avanza, aunque sea con fines de control.
Ni la tecnodictadura ni la pseudodemocracia inmóvil resuelven el problema de fondo. La salida no es rechazar la IA — es que sea nuestra, abierta, auditable, y que la que use el Estado para vigilarnos esté atada en corto por ley, ahora, antes de que sea demasiado tarde para ponerle límites.
Cascada de control · ningún uso de IA estatal de vigilancia avanza sin orden judicial, código auditable y auditoría independiente
No se trata de estar a favor o en contra de la tecnología — se trata de quién la controla y bajo qué reglas. Un gobierno que hoy promete "modernización" con software de vigilancia extranjero opaco está construyendo, ladrillo a ladrillo, la infraestructura que el próximo gobierno —sea quien sea— puede usar para controlar a la oposición, perseguir periodistas o perfilar a cualquier ciudadano. La salida no es ni más tecnodictadura ni más pseudodemocracia inmóvil: es soberanía algorítmica con límites legales claros. Lo que sigue es esa propuesta.
Una propuesta integral con dos ejes: que el pueblo tenga sus propias herramientas de inteligencia artificial, soberanas y auditables, y una ley que le ponga un límite claro a cualquier gobierno que quiera usar IA propietaria para vigilar, perfilar o sancionar ciudadanos sin control judicial ni rendición de cuentas.
Principios Rectores
Creación de un Stack Nacional de IA Abierta: modelos de lenguaje y de visión por computadora open source, auditables, alojados en infraestructura soberana (ver categoría "Infraestructura Soberana" del FIAF), financiados como bien público — no licenciados a una corporación extranjera.
Ningún organismo del Estado podrá depender de un único proveedor extranjero de IA para funciones críticas: seguridad, identidad, salud, educación, justicia. Siempre debe existir una alternativa nacional o de código abierto auditada disponible y operativa.
Un porcentaje de la recaudación digital (por ejemplo, IVA a servicios de plataformas extranjeras) se destina a financiar el desarrollo de IA open source nacional, becas de investigación y centros públicos de desarrollo tecnológico.
Todo sistema de IA comprado o contratado por el Estado debe entregar su código fuente auditable a un organismo de control independiente. Cero "caja negra" pagada con plata pública: si el proveedor no entrega el código, el contrato no se firma.
Pipeline normativo · cada artículo cierra una puerta de escape que el anterior deja abierta
La presente ley regula el uso de sistemas de inteligencia artificial por parte del Estado nacional, provincial y municipal con fines de vigilancia, identificación, predicción de conducta o asignación de sanciones, estableciendo límites, controles y mecanismos de transparencia.
Ningún organismo del Poder Ejecutivo podrá implementar sistemas de reconocimiento facial masivo, scoring social, cruce predictivo de bases de datos biométricas o de comportamiento, sin orden judicial previa, específica y fundada para cada caso. Se prohíbe expresamente la vigilancia masiva e indiscriminada de la población general.
Todo sistema de IA usado por el Estado para fines de seguridad, control migratorio, asignación de subsidios o cualquier función que afecte derechos de los ciudadanos debe ser auditado, antes de su implementación y de forma periódica, por un organismo técnico independiente del Poder Ejecutivo, con participación de universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Toda persona afectada por una decisión automatizada del Estado (denegación de un beneficio, inclusión en una lista de riesgo, alerta de seguridad, etc.) tiene derecho a una explicación clara, en lenguaje simple, de los criterios usados por el sistema, y a impugnarla ante un humano responsable identificable — nunca ante "el algoritmo".
El Estado no podrá contratar sistemas de IA de proveedores que se nieguen a entregar su código fuente, su documentación técnica y sus criterios de entrenamiento al organismo de control creado por el Artículo 3. Esto aplica especialmente a contratos con corporaciones extranjeras de defensa y vigilancia de datos.
Todo contrato del Estado con un proveedor de IA debe incluir cláusula de portabilidad y borrado de datos: el Estado conserva en todo momento la propiedad y el control técnico de los datos de los ciudadanos, y puede migrar a otro proveedor o a infraestructura soberana sin perder esa información ni depender del proveedor original.
Se crea una comisión bicameral permanente, con mayoría de oposición garantizada por ley, encargada de supervisar todo contrato de IA del Estado por encima de un monto a definir por reglamentación, con capacidad de vetar contratos que vulneren esta ley.
Los funcionarios que autoricen el uso de sistemas de IA en violación a esta ley son personalmente responsables, sin que la "decisión del algoritmo" pueda usarse como eximente.
En síntesis
"La tecnodictadura no llega de golpe: se instala una API a la vez, un contrato técnico a la vez, mientras se discuten otras cosas. La salida no es rechazar la inteligencia artificial — es que sea nuestra, abierta, auditable, y que la que use el Estado para vigilarnos esté atada en corto por ley."
Esta propuesta no es una denuncia sin salida: es una hoja de ruta con dos patas que se sostienen una a la otra. Sin soberanía algorítmica, cualquier límite legal queda en manos del mismo proveedor extranjero al que se le quiere poner el límite. Sin límites legales claros, la soberanía tecnológica del Estado puede terminar usándose exactamente igual que la de un proveedor privado opaco.
No se trata de qué gobierno está hoy en el poder. Se trata de qué infraestructura le dejamos al que venga después — y de si esa infraestructura puede usarse para vigilar a cualquier ciudadano sin que nadie pueda preguntar por qué.