Que el Estado controle de verdad lo que entra a tu cuerpo, tus datos y tus decisiones de salud.

• Historia clínica digital interoperable entre efectores públicos, privados y obras sociales, bajo un estándar único nacional.
• El paciente es dueño de sus datos: acceso, descarga y portabilidad garantizados por ley. Ninguna institución puede negarse a entregar la historia clínica completa a quien la solicite.
• Consentimiento informado digital y trazable para cualquier uso secundario de datos de salud (investigación, estadística, IA), con opción real de exclusión.
• Ciberseguridad sanitaria obligatoria: auditorías periódicas independientes de los sistemas que alojan datos de salud, con sanciones efectivas ante filtraciones.
• IA como apoyo diagnóstico, nunca como reemplazo de responsabilidad médica: todo uso de inteligencia artificial en diagnóstico o triage queda documentado, es auditable, y la responsabilidad final es siempre de un profesional matriculado e identificado.
• Telemedicina regulada con validez legal plena, incluyendo zonas rurales y de baja conectividad.

La propia normativa vigente confirma el problema de fondo:

Lo que proponemos:

• Análisis físico obligatorio de una muestra estadísticamente significativa de cada lote de vacunas de uso masivo, con metodología pública y estandarizada (identidad, potencia, esterilidad, partículas, composición) — replicando el modelo del NIBSC británico o de la red europea EDQM/OMCL, que publican con claridad el alcance exacto de lo que testean.
• Laboratorio Nacional de Control de Biológicos con presupuesto e independencia reforzados, con capacidad de rechazar un lote sin autorización política previa.
• Farmacovigilancia activa, no solo pasiva: seguimiento proactivo de cohortes vacunadas, no únicamente espera de reportes espontáneos de ESAVI.
• Publicación pública y desagregada por lote de todos los resultados de control de calidad y de todos los reportes de eventos adversos, en formato de datos abiertos.
• Agilización del Fondo de Reparación Covid-19 (Ley 27.573) y de cualquier mecanismo equivalente futuro, con plazos perentorios de revisión técnica y administrativa.

Sobre la evidencia científica: ni negacionismo ni credulismo.

• Ley de Transparencia en Contratos Sanitarios: prohibición absoluta de cláusulas de confidencialidad, indemnidad o exención de responsabilidad penal en cualquier contrato de adquisición de medicamentos, vacunas o tecnología sanitaria financiado con fondos del Estado nacional, provincial o municipal.
• Publicación obligatoria e íntegra de todo contrato de este tipo dentro de los 10 días hábiles de su firma, incluyendo precio unitario, condiciones de entrega y cualquier cláusula de responsabilidad civil.
• Nulidad de pleno derecho de cualquier cláusula que impida a la Argentina judicializar reclamos por daños derivados de un producto sanitario adquirido con fondos públicos.

Este reclamo no es una rareza local: en la región, jueces de países vecinos debieron intimar judicialmente a laboratorios y gobiernos para que revelaran cláusulas de indemnidad en contratos de vacunas COVID-19 — lo que confirma que la opacidad contractual en la compra de vacunas fue un patrón regional, no una excepción argentina.

En 2024 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional que crean la figura de "emergencia pandémica" declarable por el director general de la OMS. Esas enmiendas entraron en vigencia en septiembre de 2025 para los países que no presentaron objeciones formales en plazo. Argentina, por su parte, notificó en febrero de 2025 y formalizó en marzo de 2026 su retiro completo de la OMS, invocando la soberanía sanitaria nacional.

• Consolidación legal por ley del Congreso (no solo decisión del Poder Ejecutivo de turno): cualquier reincorporación a la OMS o adhesión a un instrumento internacional que ceda autoridad sobre políticas sanitarias internas requiere aprobación parlamentaria expresa.
• Mecanismo formal y permanente de objeción para cualquier enmienda futura de organismos sanitarios internacionales, con debate público obligatorio en comisión de Salud del Congreso antes del vencimiento de cualquier plazo de reserva.
• Cooperación sanitaria internacional por vía bilateral y regional, preservando el acceso a información epidemiológica y alertas tempranas sin ceder capacidad decisoria a un organismo supranacional.
• Auditoría independiente y pública de toda recomendación sanitaria adoptada durante la pandemia de COVID-19, con foco en el costo económico y social.

• La medicina basada en evidencia sigue siendo la base del sistema público: diagnóstico, tratamiento y protocolos de emergencia se rigen por el consenso científico vigente y las guías de práctica clínica actualizadas.
• Reconocimiento regulado de prácticas complementarias con respaldo de eficacia (nutrición clínica, actividad física terapéutica, salud mental integrada, medicina del estilo de vida), como complemento —nunca sustituto— del tratamiento convencional donde exista evidencia de beneficio adicional.
• Transparencia obligatoria sobre el nivel de evidencia de cada práctica ofrecida dentro del sistema de salud: ninguna prestación puede presentarse como "alternativa" a un tratamiento con eficacia comprobada sin una advertencia clara al paciente.
• Formación médica con enfoque integral de la persona (contexto social, alimentario, emocional) sin diluir el rigor científico de la formación clínica.
• Prevención como eje central: incentivos reales (fiscales, de obra social) para chequeos preventivos, actividad física y alimentación saludable.